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Ecuador en la vanguardia de la evaluación de los ODS – Avances y aprendizajes de la evaluación de la articulación intersectorial en torno a la lucha contra la desnutrición crónica infantil, bajo las premisas de la Agenda 2030.

A diez años de la implementación de la Agenda 2030 y entrando en la etapa final para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el aprendizaje y la rendición de cuentas sobre los logros alcanzados y las razones de los éxitos -o la falta de ellos- ganan importancia. Es crucial evaluar la Agenda 2030 para comprender no solo los resultados (“el qué”), sino también los procesos (“el cómo”), como las políticas públicas, la institucionalidad, las capacidades y el financiamiento necesarios para lograr los ODS y mantener los avances.

Siguiendo una reciente resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobierno de Ecuador, a través de la Secretaría Nacional de Planificación y con apoyo del Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación al Desarrollo (DEval), a través de su proyecto Focelac+, se ha embarcado en una de las primeras evaluaciones de los ODS lideradas por un país. Esta evaluación se enfoca en la coordinación intersectorial para combatir la desnutrición crónica infantil (DCI), un problema grave, ya que sigue afectando a más del 20% de los niños menores de dos años en Ecuador.

Combatir la DCI ha sido una máxima prioridad de los últimos dos gobiernos, que se ha reflejado en instrumentos de política pública de última generación, entre ellos la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil (ENECSDI) y el Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la DCI (PEIPR-DCI), ambos de 2020, así como en mecanismos de coordinación tanto a nivel horizontal (entre sectores), como vertical (entre niveles de gobierno), que son facilitados por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil (STECSDI). Estos instrumentos de política pública, que el gobierno actual ha dado continuidad, forman parte del compromiso de Ecuador con la Agenda 2030. Este compromiso, reflejado en el Decreto Ejecutivo de 2018, está relacionado con, al menos, nueve de los 17 ODS.

Realizada por un equipo de expertos internacionales y nacionales de MultiPolar Global Services -que tiene base en Guatemala-, la evaluación se concentra en el proceso y el valor añadido de la articulación intersectorial. Con un fuerte enfoque territorial, involucra estructuras y múltiples actores a nivel nacional, regional (cantonal) y local (parroquial) que buscan implementar de forma coordinada la política pública sobre la DCI.

El objeto de la evaluación -la articulación intersectorial en torno a políticas pública de prevención y lucha contra la DCI- fue seleccionado como parte de un proceso de puesta en común entre el Gobierno y múltiples actores no gubernamentales que fue facilitado por la iniciativa FOCELAC+ de Deval, en el transcurso de 2022. De igual relevancia fue el ejercicio de definición del alcance de la evaluación y la construcción de los términos de referencia de esta, que se realizó con el apoyo de un grupo de referencia compuesto por expertos nacionales de diversos ámbitos. Desde sus orígenes, esta evaluación se ha planteado como un proceso multiactor, con un avanzado grado de inclusión y horizontalidad entre los actores y, por tanto, con un alto alineamiento a las premisas de la Agenda 2030.

Pionera en diseño metodológico e implementación, la evaluación destaca por su adherencia a los principios de la Agenda 2030, incluyendo la indivisibilidad e integración de los ODS (abarcando la política nacional de DCI unos nueve ODS), el principio de “No dejar a nadie atrás” (por su enfoque territorial), así como la universalidad anclada en la responsabilidad compartida entre los actores (con vistas a la articulación intersectorial tanto horizontal como vertical) a lo largo de todo el ciclo evaluativo. Estos principios se reflejan en los criterios y preguntas de la evaluación, y se aplican en el trabajo de campo que incluye las mesas cantonales y parroquiales que atienden e involucran a las poblaciones más vulnerables.

De las más de 1.000 personas consultadas para esta evaluación, el 92% pertenece al ámbito local, incluidas áreas de alta vulnerabilidad. Siguiendo metodologías recientes del PNUD y UNICEF se han desarrollado herramientas ajustadas a las características locales, culturales, lingüísticas y de equidad de género, especialmente a nivel parroquial.

La evaluación también incluye un componente dedicado al aprendizaje y desarrollo de las capacidades evaluativas, que se articula con la Secretaría Nacional de Planificación e involucra a múltiples actores clave del sistema de evaluación nacional.

Los avances preliminares indican que, aunque la articulación intersectorial es bastante reciente, ha generado un fuerte impulso a fortalecer y empoderar la acción local, incentivando la complementariedad entre entidades gubernamentales centrales y generando una mayor consistencia del actuar central y local de ministerios individuales. Existen buenas bases para seguir profundizando en el rol de los actores más cercanos a las poblaciones más vulnerables, contribuir al empoderamiento comunitario, incluso con vistas a cómo interactúan con el Gobierno central y, por tanto, reforzar el mandato, las capacidades y recursos de la STECSDI como entidad coordinadora de la articulación intersectorial.

Más allá de los contenidos específicos de la política objeto, la evaluación de los ODS está generando lecciones aprendidas que los actores participantes están identificando como parte esencial del proceso. De manera preliminar, estas lecciones incluyen que los principios de la Agenda 2030 son relevantes para todo el proceso evaluativo, siendo factible establecerlos como: (a) criterios propios de la evaluación, en este caso, el principio de “No dejar a nadie atrás” y la universalidad; y (b) preguntas específicas para criterios relacionados, como son la pertinencia (alineamiento a prioridades nacionales de la Agenda 2030), la eficacia (alcance de metas de proceso relacionadas con los principios) y la sostenibilidad (del proceso de articulación intersectorial en torno a “No dejar a nadie atrás”). El uso de estos principios no se restringe al diseño metodológico, sino que, también, influye en la creación de herramientas de evaluación y en cómo estas están siendo aplicadas, especialmente en los contextos de mayor vulnerabilidad y con vistas a las relaciones de poder inherentes a la implementación de una política pública.

Por otra parte, esta evaluación demuestra que en el contexto de los ODS existen amplias oportunidades para centrar las evaluaciones en los procesos de acción pública y, específicamente, en el ciclo de políticas públicas. Un valor añadido del trabajo en curso radica, precisamente, en entender el “cómo” alcanzar los ODS y sus metas, desde una lógica que parte de los principios de la Agenda 2030 como una guía valiosa y necesaria para que los gobiernos puedan asegurar un mayor impacto en los ámbitos sociales más vulnerables.

En otras palabras, esta evaluación pretende acelerar la comprensión de los principios de la Agenda 2030 como condiciones clave para que las políticas públicas se implementen de manera eficaz, contribuyendo a las premisas de desarrollo sostenible propuestas por la Agenda 2030. De hecho, la propia teoría de cambio de esta evaluación asume la existencia de un círculo de polinización mutua entre la articulación intersectorial para combatir la DCI y los principios de la Agenda 2030; estos últimos influyen y confluyen en dicha articulación, mientras que el proceso de articulación y puesta en común, al asumir dichos principios, contribuye a su cumplimiento, incluso más allá de los ODS y sus metas. Este modelo se basa en la integración intersectorial, la responsabilidad compartida y el principio de “No dejar a nadie atrás”.

En esta línea, el proceso evaluativo en marcha también abarca el desarrollo de capacidades evaluativas nacionales con vistas a la Agenda 2030, precisamente en el contexto de políticas públicas que buscan contribuir al desarrollo sostenible. Dado que existen pocas referencias formales sobre la evaluación de los ODS y, específicamente, de los principios de la Agenda 2030, el proceso se desarrolla como una ruta compartida de aprendizaje entre los actores del gobierno y el equipo evaluador, además de involucrar a la iniciativa FOCELAC+, de DEval, que abarca varias líneas de apoyo al sistema nacional de evaluación en Ecuador.

En el contexto de la evaluación de los ODS existe una cercana colaboración con los equipos de la Secretaría Nacional de Planificación que, partiendo de capacidades sólidas existentes, se han involucrado con total liderazgo en el diseño y la implementación de la evaluación, desde la definición de criterios acordes a la Agenda 2030 y la matriz de la evaluación, hasta el diseño muestral y la articulación del trabajo de campo. Por ejemplo, representantes de los equipos centrales y locales acompañaron los grupos focales a nivel local desde una lógica de aprendizaje de doble vía, conociendo las metodologías desplegadas y proveyendo insumos ex post al equipo sobre el funcionamiento de estas metodologías ancladas en los principios de la Agenda 2030.

Otro elemento importante se refiere a la relevancia de esta evaluación para los distintos equipos de la Secretaría Nacional de Planificación: particularmente, los responsables de evaluación y los de seguimiento, incluyendo el monitoreo de la implementación de la Agenda 2030 en Ecuador. Ambos equipos se han involucrado, a nivel directivo, en el transcurso de todas las fases del proceso y han compartido un espacio de debate en la Semana de Evaluación de la iniciativa gLOCAL (de la Global Evaluation Initiative); de hecho, fue la única sesión, de entre más de 400 eventos apoyados por el GEI en todo el mundo, que abordó la evaluación de los ODS, poniendo a Ecuador como país pionero de estos esfuerzos.

Tras concluir el trabajo de campo en mayo de 2024, la evaluación ODS se encuentra en fase de sistematización y validación, con la publicación del informe prevista para agosto. Se espera que los hallazgos y recomendaciones no solo mejoren la implementación de la política de DCI en Ecuador, a través de la articulación intersectorial, sino que, también, sirvan de referencia para evaluar la Agenda 2030 y sus principios, integrándolos en el proceso evaluativo y, particularmente, a nivel metodológico y de implementación. Finalmente, el enfoque y la metodología de esta evaluación pionera podrá contribuir al debate y la toma de decisiones a nivel internacional -incluyendo el Foro Político de Alto Nivel- sobre cómo realizar evaluaciones alineadas con la Agenda 2030 y así implementar la resolución de la Asamblea General para “empoderar a los gobiernos nacionales y locales en la toma de decisiones, la gobernanza y la transparencia, y elaborar estrategias, planes y políticas más efectivas y equitativas”.

Evaluación de procesos del proyecto “Infancia con Futuro”^[1]

La Secretaría Nacional de Planificación, junto a la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil (STECSDI), realizó la evaluación del proyecto “Infancia con Futuro”, cuyo objetivo fue analizar los procesos planificados para el proyecto y su respectiva implementación, considerando su relación y relevancia con los potenciales beneficios esperados y generados en la población beneficiaria.

Se observó que el proyecto se alinea a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, y se espera que con su ejecución se alcance la meta planteada. Adicionalmente, se identificó que existen marcadas características en la población objetivo, lo que fue captado no solamente a través de brigadas definidas en la planificación realizada inicialmente por el proyecto, sino por medio de un aplicativo web; por tal motivo, se concluyó que es necesario contar con un mecanismo que se encuentre disponible el 100% del tiempo, ya que de esta manera se permitirá que la población que aún no ha sido captada, pueda recibir las diferentes prestaciones, en algún momento.

Con respecto a la conformación de las mesas intersectoriales cantonales, los resultados muestran que se ha logrado un buen nivel de articulación entre las instituciones que brindan algún servicio destinado a disminuir la desnutrición crónica infantil, lo cual ha permitido beneficiar a los niños, niñas y madres gestantes.

Evaluación de impacto del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil (CDI)^[2]

La evaluación del impacto del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) se centra en analizar la evolución de la prestación del servicio de los CDI, identificar el presupuesto destinado a la alimentación de niñas y niños de 1 a 3 años atendidos, así como evaluar su peso y talla. El alcance de la evaluación abarca un análisis descriptivo de la evolución de los CDI a nivel nacional, además de una evaluación de impacto utilizando el método Propensity Score Matching en niños de 1 a 3 años seleccionados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, comparando aquellos que asisten a los CDI con los que no asisten.

Durante el período de 2015 a 2019, a nivel nacional, se experimentó una reducción del 12,66% en el número de CDI y del 16,30% en la cantidad de niños atendidos. En contraste, el presupuesto diario en alimentación por beneficiario aumentó de USD 2.70 a USD 2.81, reflejando un incremento de USD 0.11. A pesar de la disminución en el número de beneficiarios, se destinó entre el 41,00% y 53,00% del presupuesto anual de los CDI al rubro de alimentación. Además, se observó que los niños de un año de edad que asisten a estos centros presentan un promedio de 0,53 kg más de peso y 1,38 cm más de talla en comparación con los no asistentes; mientras que para los niños de tres años se registró una diferencia en la talla de 1,22 cm entre los que asisten y los que no.

Al centrarse en la población en condiciones vulnerables se pudo evaluar, de manera detallada, el efecto causal de los CDI en el desarrollo físico de los niños, lo que contribuye a la retroalimentación del ciclo de la política pública y a la toma de decisiones informadas para fortalecer estos servicios en beneficio de la infancia en situación de vulnerabilidad.