Al 2030, Ecuador ha reducido de manera significativa la población en situación de pobreza multidimensional y por ingresos, gracias a la priorización de la inversión pública hacia políticas y acciones que favorecen la provisión de servicios sociales universales, eficientes, oportunos y de calidad. La implementación de políticas integrales para la inclusión económica y social, con énfasis especial en la población vulnerable y grupos de atención prioritaria, así como la generación de empleo digno y el fortalecimiento de un sistema de protección social contributivo y no contributivo universal, integral, sostenible y resiliente, ha permitido garantizar niveles mínimos de bienestar, asegurando protección ante escenarios de crisis económica y desempleo.